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Economía

El cambio para casi un millón jubilados que puede afectar a la pensión que cobran

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jubilados pensiones

La semana pasada el Gobierno aprobó la integración de las clases pasivas del Estado, los funcionarios públicos y los militares, en el sistema de Seguridad Social mediante el real decreto ley sobre medidas complementarias urgentes de apoyo a la economía y el empleo.

Aunque la medida se toma en medio del estado de alarma y con medidas destinadas a mitigar el impacto del coronavirus en la economía, la decisión no está vinculada a ello. Sin embargo, no es una decisión nueva y el propio ministro José Luis Escrivá ya lo ha anunciado como su primera medida.

El objetivo, según el gobierno, es estructurar los departamentos ministeriales, para generar seguridad jurídica y certidumbre en el ámbito de las pensiones. Sin embargo, el traspaso de la Hacienda Pública al ministerio encargado de su gestión no ha estado exento de controversia, y diversas asociaciones han manifestado su preocupación.

La CSIF señala que la actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones y advierte que las modificaciones incluidas en el Real Decreto Ley «parecen destinadas a acabar de forma sorprendente con cualquier atisbo de separación y autonomía de las clases pasivas del Estado». Pero, ¿puede este cambio reducir la pensión que se paga a los funcionarios jubilados? Una de las diferencias entre el sistema de clases pasivas y el sistema general es el origen del presupuesto que financia las pensiones. Hasta ahora, el antiguo régimen era financiado por el Tesoro y no formaba parte de las nóminas regulares emitidas por la Seguridad Social.

Sin embargo, el cambio, como señaló el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración en enero, cuando se anunció la medida, no implica que se añadan las nóminas, no se mezclen los dos tipos de prestaciones, sino que «la dirección será única». Es decir, el origen del presupuesto para financiar las pensiones de los funcionarios jubilados no cambiaría, seguirá viniendo del presupuesto del Estado, no de las arcas de la Seguridad Social, donde estos trabajadores nunca cotizaron, sino que el dinero sería gestionado por la Seguridad Social.

Al igual que la CSIF, otras asociaciones han mostrado su temor a este cambio. El Foro Judicial Independiente (FJI) insta al Consejo General de la Magistratura (CGPJ) a que realice un estudio serio y profundo sobre cómo estas medidas pueden afectar a los miembros de la carrera judicial. Por su parte, la Federación de Atención a la Ciudadanía de la USO considera que el cambio de Ministerio para las pensiones de las clases pasivas decretado por el Gobierno es «un atentado» contra los mutualistas y pensionistas, considerando que «pone en riesgo los importes presentes y futuros», ya que hasta ahora seguían otro modelo de tramitación.

La medida debe ser ratificada en el Parlamento. El Decreto explica que el calendario previsto por el Gobierno para llevar a cabo la inclusión de las clases pasivas en la Seguridad Social «se ha visto radicalmente alterado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19». Justifican que la transferencia requería «cambios normativos» que no podían ser aprobados «por el procedimiento parlamentario ordinario», porque el retraso que ello implicaría «generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, la de las pensiones, especialmente sensible para el conjunto de la ciudadanía».

Diferencias respecto al régimen general

El cambio afecta a 657.118 pensiones, según datos de marzo de 2020, y a los casi 1,8 millones de trabajadores que permanecen activos. El régimen de Clases Pasivas, que expirará en 2011, abarca a todos los funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, de la Administración de Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los Tribunales Generales, incluidos los altos cargos políticos, como ex presidentes o ministros, siempre que obtengan sus puestos antes de 2011. A partir de entonces, todos los trabajadores pertenecen al Régimen General.

Este régimen especial tiene ciertas peculiaridades en cuanto a sus prestaciones, aunque la principal es el diferente acceso a la jubilación. Los funcionarios pueden acceder a ella anticipadamente a partir de los 60 años, sin coeficientes de reducción de la pensión, y los requisitos para acceder a la pensión pública son menos estrictos. Además, las contribuciones varían. En estos casos, las administraciones públicas y los funcionarios pagan una cantidad determinada en base a un crédito reglamentario, fijado en la Ley de Presupuestos Generales (PGE), al que se aplica un porcentaje. Esta cantidad se divide por 14 para conocer la cuota mensual a pagar, teniendo en cuenta que en los meses de junio y diciembre la cuota es el doble.

A pesar de que los beneficiarios de este plan son mucho menos que los del Plan General, los gastos que conlleva no son menores. Sólo en marzo, el importe total pagado por estas pensiones fue de 1.000 millones de euros. La cifra no disminuye sino que aumenta año tras año. En 2019, el Estado asignó más dinero que nunca para pagar las pensiones de las clases pasivas: 15.711 millones de euros, por encima de los 14.590 millones previstos para esta partida en el presupuesto de 2018.

 

2 Comments

2 Comments

  1. José Antonio López

    4 mayo, 2020 at 1:33 pm

    Lo que no dicen es que cotizamos algo más de 1000€, en mi caso , que el máximo de la seguridad social, durante todo mi vida de funcionario. En la seguridad social se cotiza por lo que se cobra, teniendo un máximo la pensión. La pensión de los funcionarios máxima coincide con la de la seguridad social.

  2. Francisco Vergara Cabello

    5 mayo, 2020 at 6:19 pm

    Otra diferencia es que se calcula la pensión según toda la vida laboral

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